Default o no default, esa no es la cuestión…

Desde el Gobierno se insiste en que Argentina no entrará en default. Sin embargo, si para el 30 de julio el Gobierno no ha acordado con los holdouts o fondos buitres, el país habrá entrado en su segundo default en 13 años.
La carta del Gobierno es que el juez de Nueva York Thomas Griesa reponga el stay lo que permitiría a los bonistas reestructurados recibir el pago del cupón que venciera el 30 de junio y a Argentina no entrar en default. Sin embargo, el juez norteamericano ha rechazado este pedido y ha instado al Gobierno a negociar con Daniel Pollack, un mediador de su confianza.
Lo cierto es que, a menos de cinco días para el vencimiento del plazo, aún no hay acuerdo entre el Gobierno y los holdouts y más allá de cuestiones semánticas de si default o no default, el Gobierno debe tratar de evitarlo aunque éste fuere sólo hasta final de año que es cuando vence la cláusula RUFO. Un default tendría consecuencias nocivas y acentuaría los actuales signos de recesión, elevada inflación, creciente destrucción de empleo y falta de acceso a crédito barato.

¿Qué es default?
Según el Diccionario Económico del sitio Expansion.com, la palabra default hace referencia a la situación en la cual el prestatario (en nuestro caso, el gobierno argentino) decide no hacer frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores (tenedores de bonos) en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda.

¿Por qué el Gobierno insiste en que no entrará en default?
El Gobierno insiste en que no ha incurrido ni incurrirá en default dado que ha mostrado y sigue mostrando voluntad de pago. Es decir, el argumento del Gobierno es que éste no ha decido voluntariamente no pagar sino por el contrario ha decidido pagar y ha pagado pero un tercero ha frenado dicho pago y, por lo tanto, esto no es un default.
Recordemos que, a finales de junio, el Gobierno depósito 539 millones de dólares en el Bank of New York para cumplir con los vencimientos del cupón del título Discount que fuera entregado a los bonistas reestructurados en 2005 y 2010. Dicho vencimiento se produjo el 30 de junio y el monto total depositado ascendió a más de 1.000 millones de dólares, pero el problema no es con los fondos para pagar los vencimientos de títulos bajo legislación local sino con los que deben ser pagados en Nueva York.
Sin embargo, ese mismo día, el juez de Nueva York Thomas Griesa frenó los pagos y ordenó que Argentina no podía pagarle a los bonistas reestructurados sin previo acuerdo con los fondos buitre. Este fallo activó un seguro de protección por treinta días (periodo de gracia) y que vence el 30 de julio, fecha para la cual si los bonitas que entraron en la reestructuración no reciben su dinero, Argentina habrá entrado en default.

¿Por qué se les llama holduots o fondos buitre?
La palabra holduot hace referencia a una persona, organización o país que se niega a cooperar o a llegar a un acuerdo; es decir, continua firme en su postura a pesar de la insistencia de otras personas para que la abandone. Esta es la postura de los fondos buitre quienes se negaron a entrar en la reestructuración. Se los denomina así porque se caracterizan por comprar deudas de países cercanos a la quiebra por valores muy por debajo de su valor nominal para luego reclamar, generalmente vía judicial, el 100% de su valor.

¿Cuánto dinero reclaman los fondos buitre?
Estos fondos reclaman 1.300 millones de dólares más los intereses.

¿Por qué el Gobierno no les paga?
El Gobierno se niega a pagarle a los fondos buitre porque éstos llevan más de una década litigando en contra de Argentina y buscando el 100% del valor de los bonos en lugar de haber ofrecido alivio financiero al país.

¿Por qué el Gobierno no negocia con ellos?
Una negociación con los holdouts podría gatillar la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers, por sus siglas en inglés) incluida en los contratos de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Esta clausula, que vence el 31 de diciembre, especifica que Argentina no puede voluntariamente ofrecer a los holdouts un trato mejor que el ofrecido durante la reestructuración sin extender dicha oferta al 100% de los bonistas. En otras palabras, obliga a la Argentina a igualar cualquier oferta voluntaria superior que se ofrezca a los bonistas que no entraron a los procesos de reestructuración de deuda.

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