Para reducir el gasto público hace falta decisión política

El gasto público consolidado continúa siendo elevado. El gasto del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) llega al 43%. Unos 3 puntos porcentuales menos que el máximo alcanzado en 2015.

Recordemos que el gasto público consolidado pasó de 26% del PBI en el año 2004 a 46% del PBI en 2015 (último dato publicado por el Ministerio de Hacienda). Fueron las tres jurisdicciones del Estado –Nación, provincias y municipios- las que aumentaron su gasto en términos del PBI entre 2004 y 2015. El gasto público del gobierno nacional se duplicó, pasando de 13% al 26% del PBI, el gasto público de los gobiernos provinciales pasó de 11% a 17%; y el gasto público de los gobiernos municipales de 2,4% a 3,6%.

Luego del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno aceleró la reducción del gasto para cumplir con las metas fiscales del año pasado –déficit primario de 2,7% del PBI- y la de este año –equilibrio primario-.

En 2018 el Gobierno sobrecumplió la meta pactada con el FMI gracias a que los gastos primarios crecieron menos que los ingresos totales (22% versus 30%). Esto le permitió reducir 16% el déficit primario –que no considera los intereses de la deuda–, ubicándose en el 2,4% del PBI.

El 93% de estos gastos primarios son gastos corrientes primarios y el 7% gastos de capital. Los gastos corrientes aumentaron 24% en 2018 en términos interanuales. Las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones contributivas; asignación universal para protección social; asignaciones familiares; pensiones no contributivas; y programas como Progresar, y Argentina trabaja, entre otros) representaron 57% de los gastos primarios y aumentaron 28% en el último año. Los subsidios económicos (energía; transporte; y otras funciones) representaron 10% de los gastos y tuvieron un incremento de 25% entre 2017 y 2018. Los gastos de funcionamiento (salarios y otros gastos de funcionamiento) constituyeron el 18% de los gastos corrientes y aumentaron 23% en el último año. Las transferencias corrientes a provincias (educación; seguridad social; desarrollo social; salud; y otras) representan algo menos del 3% de los gastos primarios y entre 2017 y 2018 cayeron 4%. Por último, otros gastos corrientes (transferencias a universidades y déficit operativo de empresas públicas) representan algo menos del 6% y aumentaron 17% el año pasado.

Por otra parte, los gastos de capital apenas aumentaron un 1% el año pasado: energía 22%; transporte 9%; educación 50%, vivienda -30%; agua potable y alcantarillado -6% y otros (nación y trasferencias a provincias) 37%.

Este patrón mostrado por los ingresos y gastos en 2018 se ha repetido durante los dos primeros meses de 2019. En el acumulado del año, los gastos primarios crecieron por debajo de los ingresos totales (31% versus 43%). Sin embargo, algunas partidas como subsidios económicos; transferencias corrientes a provincias; y transporte han aumentado notablemente –entre 70% y 85% interanual.

A pesar del esfuerzo por reducir el déficit primario, el déficit financiero (que contempla los intereses de la deuda pública) continúa siendo un problema. El déficit financiero aumentó 16% el año pasado, alcanzando los 728.000 millones de pesos (5,2% del PBI) y en el primer bimestre de este año los intereses de la deuda se incrementaron en 51.000 millones de pesos.

Es cierto que en 2018 se sobrecumplió la meta fiscal y que los gastos vienen creciendo por debajo de los ingresos desde hace 20 meses de manera ininterrumpida, como también es cierto que la mayoría de las provincias mejoró sus cuentas fiscales. Sin embargo, el peso del gasto público consolidado en términos del PBI aumentó 16 puntos porcentuales en los últimos 14 años. Esto nos ha llevado a tener una inflación anual promedio de 25,5% desde el 2004 a la fecha; una presión fiscal del orden del 34% del PBI; y una deuda pública del 85% del PBI. En nota anterior destacábamos la necesidad de un mayor esfuerzo en la reducción del gasto público, pero para ello hace falta decisión política.

Publicada en El Cronista Comercial

Author: Pablo F. Salvador